Comercio y Medio Ambiente, Derecho Ambiental y Áreas Protegidas, la ética de la biosfera y los bosques

Co-Presidenta: Marie C. Segger



Comercio y medio ambiente

GECMA quiere llamar la atención sobre una cuestión ambiental de carácter global que requiere un tratamiento urgente: la degradación de los ecosistemas y la resiliencia socio-ecológica

El Grupo especialista en comercio y medio ambiente (GECMA) desea tomar nota de los avances científicos más reciente acerca de las relaciones sistémicas entre los ecosistemas y el bienestar humano. Como lo hizo hace 20 años con el cambio climático, la comunidad científica está llamando la atención sobre una cuestión ambiental de carácter global que requiere un tratamiento urgente: la degradación de los ecosistemas y la resiliencia socio-ecológica. Aun más, el GECMA desea ocuparse de las dinámicas locales. Existen muchas experiencias en todo el mundo relacionadas con la producción, consumo y medio de subsistencia sostenibles, en las que el comercio tiene un papel central. Estas experiencias o estrategias de resiliencia socio-ecológica son tratadas como proyectos especiales o idiosincrásicos con poca proyección nacional, y por lo tanto son políticamente frágiles. El GECMA desea ocuparse de estos casos y determinar cuáles son los entornos normativos que les pueden servir de apoyo y cuáles los que los socavan, para luego evaluar en consecuencia las reglas del comercio.

El 4 de octubre de 2007 se presentó el primero de los dos trabajos preparados por el GECMA para el 2º Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas celebrado en Bariloche, Argentina. Dicho trabajo explora el flujo de los servicios de los ecosistemas en el comercio internacional, en particular los flujos virtuales que no entran en los mercados, y servirá como base para las discusiones sobre cómo el régimen del comercio internacional puede responder mejor a los desafíos del siglo XXI que presenta el cambio global en los ecosistemas.

El segundo trabajo, que todavía está en preparación, explorará las condiciones normativas con las que operan las estrategias locales de desarrollo sostenible que tienen como elemento central el comercio internacional. Este trabajo incluye información recopilada a partir de una serie de experiencias locales y su objetivo es servir de base para una discusión sobre cómo se puede hacer para que las reglas del comercio actúen a favor de esas iniciativas locales sostenibles.

Grupo de tareas de la Comisión de Derecho Ambiental y de la Comisión de Áreas Protegidas sobre derecho y políticas de las áreas protegidas


En 2006, la Comisión de Derecho Ambiental (CDA) y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) establecieron conjuntamente un Grupo de tareas sobre derecho y políticas de las áreas protegidas.

El Grupo de tareas se aboca al análisis de la gobernanza existente en las áreas protegidas y a ofrecer asesoramiento sobre cómo mejorar los modelos de gobernanza. El objetivo general del Grupo es identificar los principios y mecanismos jurídicos que deben aplicarse utilizando las categorías de manejo de la UICN, incluyendo la provisión de orientaciones sobre los mecanismos jurídicos para el reconocimiento de las áreas protegidas privadas, las áreas co-gestionadas y las Áreas Conservadas por la Comunidad. Los objetivos específicos del Grupo de tareas incluyen el análisis de los asuntos jurídicos relativos a las áreas protegidas que son de propiedad y/o están manejadas por personas privadas o comunidades, y proponer soluciones jurídicas que tengan en cuenta los derechos y hagan cumplir con las responsabilidades. El Grupo de tareas facilita la interacción entre los miembros del grupo, los administradores de áreas protegidas y los investigadores sobre temas jurídicos, y organiza talleres para ellos.

El año pasado se llevó a cabo una investigación sobre el terreno basada en los términos de referencia del Grupo de trabajo dentro de un proyecto desarrollado por la Universidad de Ottawa en colaboración con la Academia de Derecho Ambiental de la UICN, con una subvención del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá (SSHRC) y con el apoyo de Parques Canadá.

En 2007, el Centro de Derecho Ambiental de la UICN comenzó un importante proyecto sobre legislación de las áreas protegidas. Los estudios que lleva a cabo actualmente el Grupo de tareas a través del SSHRC también serán utilizados para apoyar el mencionado proyecto.
A medida que se realizan estudios de caso y se avanza en la investigación, el material resultante se colocará en los sitios web del Centro de Derecho Ambiental y de la CMAP para que pueda ser utilizado por el Grupo de tareas. El material en los sitios web también estará accesible a otros investigadores que trabajan en este campo.

Proyecto sobre la ética de la biosfera: La necesidad de incorporar conceptos básicos sobre las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza

El trabajo del Grupo especialista en ética (GEE) se ha concentrado en hacer avanzar el análisis crítico de la Carta de la Tierra y la función que puede tener en el desarrollo de una ética mundial y de un derecho internacional creíbles y efectivos. Los miembros del GEE, entre los que se cuentan abogados, filósofos y científicos, han contribuido al creciente cuerpo de literatura académica sobre la Carta de la Tierra. Se han preparado una serie de documentos para conferencias, artículos y libros, como por ejemplo sobre la situación jurídica de la Carta de la Tierra, sobre su importancia como tratado, y sobre el significado de sus principios y valores con relación a la justicia, los derechos humanos y el principio de precaución.

Klaus Bosselmann representó a la UICN en el taller celebrado en Trípoli, Libia, en junio para lanzar la ‘Red Árabe de Ética Ambiental’ (ANEE). El taller, con participantes de la región árabe, adoptó la ‘Declaración de Trípoli’ en la que se hace referencia a la Carta de la Tierra, y adoptó también un programa de trabajo para el desarrollo e implementación de los valores y principios pertinentes en los países de la región árabe.

Después de una exitosa reunión de planificación celebrada en la sede la UICN en septiembre de 2006, el Subgrupo especialista en el ‘Código de ética para la conservación de la biodiversidad’ preparó un informe en el que identifica las asuntos clave y esboza la agenda de trabajo para el futuro.

En un taller celebrado en Halifax en junio de 2007 se decidió ampliar el alcance del proyecto del Código para incorporar conceptos básicos sobre las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Este enfoque más amplio se refleja en el nuevo título: ‘Proyecto sobre la ética de la biosfera’. En septiembre de 2007 se realizó un taller de cuatro días de duración bajo este título en Windblown Hill, cerca de Chicago.

La Presidenta de la CDA solicitó un proyecto sobre gobernanza de la sostenibilidad para ofrecer orientación en el campo de la gobernanza del medio ambiente en el nivel mundial, nacional y local. El proyecto busca desarrollar un concepto de la buena gobernanza basado en la ética, reflejando las características normativas de la sostenibilidad.

Eln el próximo número hablaremos del Fondo de Fomento Foresta (FFF), propuesto por GECMA desde el Congreso de Lugo (1980).

En enero de 2008 se estableció el nuevo Grupo especialista en bosques y el número de miembros está aumentado día a día. Los Co-Presidentes trabajan ahora en el desarrollo de un plan de trabajo.

Sin estrategia para reciclar: México carece de normas para el adecuado manejo de los residuos

Natalia Gómez
México

¿Imaginas 90 albercas olímpicas llenas de equipo de cómputo, un estadio Azteca repleto de televisores, 38 contenedores de ferrocarril saturados de teléfonos celulares, así como 10 albercas olímpicas llenas de pilas? Sería un gran botín si todos los aparatos estuvieran en su vida útil, pero este volumen es un aproximado de la cantidad de basura electrónica que por año se genera en México, y que no tiene hasta hoy, un manejo adecuado.

A pesar del volumen y del problema de espacio que pudiera generar, parece que el avance tecnológico sorprendió a México, pues apenas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) trabaja en la elaboración de una Norma Oficial en la que se delineará el plan de manejo y requerimientos específicos de estos desperdicios, en seguimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos —que clasifica a los electrónicos como de manejo especial—, expedida en 2003.

Por año, se convierten en basura, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, entre 180 mil y 250 mil toneladas de celulares, televisores, teléfonos fijos, aparatos de cómputo, de audio y video.

A este desperdicio se agregan las 600 millones de pilas (tipo AA, AAA, C y D) que por año se tiran a la basura y que aunque en su mayoría ya no contienen sustancias tóxicas como Niquel y Cadmio, representan en peso siete toneladas, las que cabrían en 10 albercas olímpicas.

El químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Benjamín Ruiz Loyola y el director de Investigación sobre sustancias químicas y riesgos toxicológicos, Mario Yarto, aseguran que más que componentes dañinos al exponerse al medio ambiente, el problema de la basura electrónica es que ocupa grandes volúmenes en espacio difíciles de manejar por las toneladas que se generan por año y el volumen acumulado de este tipo de basura.

No obstante, Greenpeace indica que en caso de la fabricación de computadoras y teléfonos celulares, se incluyen materiales tóxicos que afectan la salud de miles de trabajadores que laboran en las líneas de producción y que desconocen el riesgo de permanecer expuestos, en forma directa, a esas sustancias.

Los especialistas consultados coinciden en que una solución a este tipo de basura, una vez que supuestamente dejan de tener vida útil, es la recuperación de materiales para llevarlos a un proceso de reutilización. Además, dentro del proceso de producción de estos aparatos se deberían privilegiar los materiales amigables.

Yarto señala que la responsabilidad de deshacerse de los aparatos electrónicos, que por el avance de la tecnología se renuevan al menos cada dos años, es de todos aquellos que intervienen en la vida del producto, desde el fabricante, el gobierno hasta el usuario.

Ruiz Loyola asegura que la industria de la reutilización en México podría desarrollarse si el gobierno proporcionara incentivos de algún tipo a empresas que lo lleven a cabo. No obstante, subraya que en Francia se llevó a cabo un ejercicio en el que la recuperación de algunos componentes resultaba más caro que la propia fabricación del producto.

Los investigadores reconocen que ha habido esfuerzos esporádicos de empresas de telefonía celular y computación para acopiar los aparatos y reutilizar algunos de sus componentes, sin embargo, no son campañas masivas, sino aisladas.

Ecología: Por la cabeza se pudre el pez

Soy un seguidor de su grupo de ecología, desde los Estados Unidos. Hoy me encontré con este interesante artículo que le remito por si tiene a bien subirlo a su página web.
Miguel

¿Debería la Oficina del Medio Ambiente (EPA) cambiarse el nombre? ¿Debería llamarse Agencia de Protección del Compadreo? No sería mala idea, a juzgar por los escándalos que continúan sacudiendo a una entidad de la que depende el bienestar de todo un país.

Creada en 1970 para proteger "la salud humana y salvaguardar el medio ambiente natural", de la EPA depende que nuestras comunidades no sufran el asedio de la degradación ecológica, algo que los hispanos conocemos demasiado bien.

El 66% de nosotros vive peligrosamente cerca de un lugar tóxico, es decir, dos de cada tres de los 45 millones de hispanos que vivimos en Estados Unidos.

Empecemos con el escándalo que se originó por donde se pudren los peces, la cabeza. En 2007, el estado de California, durante décadas la víctima del aire de peor calidad en el país, solicitó a la EPA reducir en un 30% las emisiones de carros para el año 2016. Esto hubiera obligado a la industria automotriz a producir vehículos mucho más limpios para su mayor mercado doméstico. También hubiera mejorado la calidad del aire que respira el estado con la mayor población latina del país.

Pero, increíblemente, el administrador de la EPA, Stephen Johnson, desoyendo las recomendaciones de sus propios científicos, negó la solicitud, alegando que los estándares de emisiones de California no se veían obligados a cumplir con "condiciones apremiantes ni extraordinarias".

Algo le olió a podrido en la respuesta de Johnson a Henry Waxman, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, quien después de meses de investigación lo citó a declarar bajo juramento sobre la controversia. Durante la audiencia en mayo, y más tarde ante el Comité sobre Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, Johnson repitió que la decisión fue sólo suya y que nada tuvo que ver la Casa Blanca con su negativa.

Pero el que mal anda, mal acaba, ya que el mes pasado, un ex alto funcionario de la EPA declaró ante la comisión senatorial que Johnson en principio decidió otorgar una excepción temporal a California, pero que al final cambió de opinión bajo presiones de la Casa Blanca.

Cuatro senadores, llamando a Johnson "fracasado", exigieron su inmediata renuncia y pidieron al Departamento de Justicia que investigara si había cometido perjurio durante su testimonio.

Johnson rechazó de plano las exigencias de los senadores y declinó aparecer de nuevo para declarar, pero el escándalo pegó donde hace daño. En un correo electrónico filtrado a los medios, un alto funcionario instruyó al personal de la EPA a no responder a las preguntas de investigadores del Congreso, del Inspector General de la EPA ni de la prensa.

Pero esta no es la primera vez que la Casa Blanca usa a la EPA para proteger sus ambiciones políticas. Durante todo su mandato, el Presidente Bush ha insistido en que atacar la contaminación de calentamiento global "tendría efectos devastadores en toda nuestra economía".

Sin embargo, su propia administración contradice radicalmente las palabras del mandatario. Un estudio —precisamente de la EPA— filtrado a los medios asegura que la reducción de las emisiones de efecto invernadero, las que causan el calentamiento de la Tierra, generaría beneficios astronómicos a la sociedad estadounidense.

No es de extrañar que la Casa Blanca haya bloqueado su publicación y la investigación del Congreso del escándalo, ya que las conclusiones del estudio ponen patas arriba todas las excusas de los "negacionistas" del calentamiento global. Por ejemplo:

* "Ya está disponible la tecnología para reducir significativamente las emisiones de camionetas ligeras de aquí al año 2020".

* "Los beneficios de estos nuevos estándares sobrepasan de largo a los costos".

* "Los dueños de estos vehículos más eficaces amortizarían el mayor costo entre tres y siete años".

* Presumiendo que la gasolina cueste unos $3.50 por galón (hoy está a más de $4) "los beneficios netos a la sociedad superarían los $2 billones" ($2’000,000’000,000) de aquí al año 2040.

Mientras tanto —al tiempo que cientos de miles de familias latinas se plantean todas las semanas dónde gastar su dinero, en el supermercado o en la gasolinera— la industria petrolera acaba de anunciar sus mayores ganancias de la historia.

ExxonMobil, por ejemplo, ganó $1,485.55 cada segundo del pasado trimestre, es decir, un total de $11,680 millones. ConocoPhillips se embolsó $5,400 millones, pese a que vendió unos 200 mil barriles de petróleo diarios menos.

Pese a estas ganancias, la industria petrolera y sus amigos en Washington sólo saben pedir más para ellos y menos para el consumidor.

Realmente, por la cabeza se pudre el pez.