Uno de los puntos a desarrollar en el programa de GECMA para este año 2008 es la salud y desarrollo de los seres humanos que dependen de ecosistemas saludables.
Los ecosistemas globales se deterioran debido a la mayor presión que ejercen las actividades y patrones de desarrollo humanos derivados del consumo. También, existe una imperante necesidad por entender las relaciones que existen entre la salud pública, los ecosistemas y las condiciones sociales y económicas.
La búsqueda de ecosistemas saludables y la salud sustentable de los seres humanos requiere de un pensamiento innovador en todas las disciplinas y profesiones. Se necesitan nuevas asociaciones en el ámbito de la investigación, en este caso y con este pensamiento nació GECMA – El Grupo de Ecología Científica- y políticas, participación de las comunidades así como mecanismos más eficaces e integrados para la comunicación de las incertidumbres de interés público.
Es por ello por lo que GECMA, si consigue recursos suficiente, realizara un foro, jornadas o mesas de discusión, con el objetivo de diseñar intervenciones para reconectar a las personas y los ecosistemas y así proteger a ambos.
Las jornadas o Foro promoverán la investigación, la teoría y la práctica a nivel, si fuese posible, internacional para así reunir la creciente comunidad de investigadores, legisladores y representantes de la sociedad civil, con verdadera preocupación por el medio. Creemos que estas jornadas darían lugar a un mejor entendimiento entre los seres, ecosistemas y la salud humana así como la identificación de caminos hacia unas acciones e intervenciones más sustentables. Siempre haciendo énfasis en el papel que juegan los equipos y abordajes interdisciplinarios hacia el descubrimiento y soluciones sustentables.
Estas jornadas podrían servir para promover la investigación, la teoría y la práctica incluso a nivel internacional y además como sitio donde se presenten la evidencia de la teoría y la práctica en relación con nuestra dependencia en la salud del ecosistema. Los participantes, equipo multidisciplinares escogidos por su calidad (investigadores, legisladores y profesionales), discutirían la evidencia del impacto de los cambios sociales y ecológicos en el medio ambiente y, a la vez, en la salud de los seres humanos. Abordando, también, la investigación en la Economía y la Salud en los países en vías de desarrollo, para promover así el intercambio de las lecciones aprendidas en países en vías de desarrollo y países desarrollados, con el fin de mejorar, en conjunto, la gestión de los ecosistemas, la prevención de enfermedades y la protección del medio ambiente.
Estas jornadas podrían estar orientadas al estudio de diferentes temas, entre otros, los siguientes:
Desarrollo Sostenible: Local-Internacional
Salud y Medio Ambiente: Sus derechos
Economía y Cambio Climático
Aparición y Reaparición de nuevas Enfermedades: Medicina
Transformaciones agrícolas, biodiversidad y salud humana
Ecosistemas: La contaminación ambiental
La Salud en el Medio Ambiente Urbano
Océanos, Ría de Vigo.
El Agua y las Energías.
miércoles, 9 de julio de 2008
martes, 8 de julio de 2008
CRISIS REAL Y CRISIS FICTICIA
Por Pepe Torea
Miembro de GECMA
Hace tiempo hemos anunciado en este mismo periódico que el concepto de Globalización económica, tan ampulosamente prometido como el elixir mágico que todo lo remedia, no es más que una añagaza o disfraz del neocapitalismo para obtener unos jugosos beneficios mediante la venta de productos terminados a bajísimos costes (60$/mes) a los países de la CE con salarios medios/altos y que su resultado practico al término de muy pocos años, sería el enriquecimiento de unos pocos frente a la desertización industrial, el incremento del paro, la inestabilidad del empleo y la perdida del poder adquisitivo de los salarios de los países que formamos la CE, sin que se logrará mejorar de modo significativo la situación económica y social de los países productores de bienes de consumo y equipos con una mano de obra sumida en la cuasi esclavitud, llevándose los países ricos (neoconolialísmo al fin) las materias primas a precios de ganga, sembrando la mayor corrupción en los países asiáticos, africanos y sudamericanos que apoyan y participan en el sistema.
El corto período de tiempo transcurrido desde la fundación del PSR traduce, desgraciadamente, en realidad nuestro pronostico. Y así la China comunista, en la que la tierra es del Estado para que la trabajen los más pobres hasta caer exhaustos, se transforma en un club de unos muy ricos hombres de negocios (40.000 super ricos) a cuya sombra garrapatea una incipiente clase media, de trabajadores cualificados y militares (400.000.000) y los siervos de la gleba (500.000.000) carentes de seguridad social, asistencia medica y educación gratuita, con unos salarios de 60€/mes, con más de 12 horas de trabajo y sin derecho a entablar ninguna acción reivindicativa.
El resto de la población (viejos, niños y adolescentes) subsiste a espensas de los más pobres.
Lo mismo ocurre con los países africanos, de los que EEUU se lleva principalmente, el oro, los minerales radioactivos y el petróleo; Bélgica los diamantes; China petróleo y minerales básicos para la industria metalurgica, compensando todos ellos lo sustraído con armamento de segunda generación y dinero que nunca llega a cubrir las necesidades sanitarias y alimentarías de la población de esos países.
La Globalización nos conduce y empuja a la crisis real de la superproducción, motivada por el hecho de que una quinta parte de la población mundial, que a la vez es la manufacturera de productos de alta tecnología y precio acorde con el nivel salarial de un Estado Social de Derecho, no es capaz de que estos productos puedan ser adquiridos por los otros 4/5 de la población mundial con un bajo nivel de compra.
Esta es la crisis real cuya explosión se producirá dentro de dos o tres años, derivada de una nefasta política internacional de las grandes potencias y que alimenta al fundamentalismo religioso y al terrorismo, basados en la ignorancia, la pobreza y la desesperación.
Bajo el paraguas de la globalización se ha cobijado un libérrimo desplazamiento de capitales y poblaciones, que desequilibran la estabilidad socioeconómica alcanzada, permitiéndose con ella la retirada plena de capitales de los países en los que se han generado o la compra forzada a través de las OPAS de sectores estratégicos nacionales con el fin de suprimirlos, evitando de ese modo su concurrencia en los mercados internacionales y, en su consecuencia la imposibilidad de adoptar iniciativas políticas solidarias que pudieran favorecer, por el camino de la paz, el desarrollo de tercero países que estén dispuestos a proclamar una Constitución democrática laica, con absoluto respeto de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho.
La globalización nacida y amamantada en el seno de las grandes multinacionales no es más que el reverdecimiento del trust (ahora llamado club de los más ricos) cuyo objetivo es adueñarse de la mayor superficie de los espacios potencialmente productivos del planeta, con la consecuencia de que los países más ricos del trust serán los más poderosos y colonizadores y los países pobres, sin desarrollar, más necesitados.
Naturalmente, la globalización exige movimientos migratorios de mano de obra barata y la supresión de las barreras arancelarias, porque sin esos dos factores a favor la vida del trust tendría sus días contados.
Después de la pasada guerra mundial (1945), gestada en realidad por la gran crisis de superproducción del capitalismo internacional (gran depresión de 1929 que arrastra al crack de 1939) fue necesario, desde su propio planteamiento, la destrucción de algunos de los países más industrializados (Alemania y Japón), sembrándose el caos internacional. motivo por el que la vieja Europa, siguiendo la aspiración de Carlo Magno y con el impulso de Alemania, alcanzó, al fin, el acuerdo de integración pacifica y pretendidamente igualitaria de una gran comunidad de naciones, otrora contendientes, haciendo un análisis claro de las consecuencias del liberalismo económico y el horror de sus resultantes (guerras, enfermedades y pobreza a niveles de absoluta miseria).
Estados Unidos e Inglaterra miraron siempre con recelo la consolidación de una Europa potencialmente rica en la producción industrial y artística, fuerte en los sistemas de defensa y políticamente vertebrada social y económicamente con una legislación laboral equivalente y una moneda única, que se desarrolla en torno a las instituciones garantes del Estado de Derecho y defensora, a ultranza, de los derechos humanos, incluso fuera de sus fronteras.
Todo este complejo entramado de la Europa unida se forma en base a la filosofía solidaria y pacifica que impregna, con sus diferentes matices, a la socialdemocracia y al socialismo democrático, resurgiendo una nueva izquierda europea, a la que pertenecemos, ajustando los viejos principios y forma de actuar a una nueva metodología basada en la libertad de expresión y libertad de asociación dentro del marco legal de las normas emanadas de los órganos representativos de la voluntad de los ciudadanos de una nación, únicos legitimados para poseer y sostener su soberanía mediante el voto libre, secreto e igualitario de todos sus miembros.
En menos de un cuarto de siglo los parlamentos europeos han logrado instaurar el Estado Social de Derecho, también llamado Estado del Bienestar, estimulando la iniciativa privada de los distintos sectores económicos, manteniendo la seguridad en el trabajo en unas condiciones aceptables de salud en su prestación y poder adquisitivo de los salarios, redistribuyendo los beneficios obtenidos mediante la aplicación de un sistema fiscal progresista. Principios y derechos que son recogidos también en la Constitución Española.
Cierto es que ese Estado del Bienestar se proyecta y articula, inicialmente para los países miembros de la Comunidad Europea en formación, con la sana intención de que este modelo se vaya expandiendo a otros países con el fin de alcanzar situaciones equivalentes en todos los pueblos de la Tierra que permitan su desarrollo pacifico, con el consiguiente incremento de su riqueza y la elevación del poder adquisitivo de los salarios como única formula de absorber los bienes producidos dentro de las fronteras o limites de la CE.
El capitalismo europeo no admitió perder parte su poder hegemónico y uso todas sus armas para ir minando la integridad de la izquierda, comenzando por la Francia de Discard D´Estein y continuando por los demás países europeos hasta la Alemania de Helmut Cohl y Ángela Keller.
El ariete utilizado por la derecha europea son los números medios de comunicación sostenidos por la misma y los sobornos y tráficos de influencias con los que van corrompiendo a los representantes de los partidos socialistas, los cuales se van transformando en un instrumento de clientelismo político, apto para formar unas sagas de poder de los advenedizos, lo cual permite, a su vez, distribuir cargos y empleos públicos para perpetuarse en la dirección de los partidos, eliminando de ese modo a los ejemplarizantes y eficientes militantes socialistas.
Los partidos de izquierdas se amoldan a los ritmos que le marca la derecha más insolidaria, al extremo de que la Internacional Socialista y la OIT pasen a ser el símbolo de un buen recuerdo y como tal inoperante en todas sus vertientes.
El llamado desencanto de la juventud no es más que el resultado de la confusión sembrada por los partidos socialistas y socialdemócratas en estas dos últimas décadas, que, como no podía ser menos coincide con la privatización y desmantelamiento de las empresas publicas, que se hacen entrar en crisis por falta de una dirección y estructura eficientes, para luego transferirlas en almoneda, en cuyo proceso participan, de forma consciente o inconsciente, los dirigentes de las organizaciones sindicales.
España no es ajena a este declive, sino que, por el contrario, más vulnerable al mismo, al estar anidada en su realidad socio-política el viejo caciquismo, que es catapultado por los regionalismos excluyentes, sin que los desafueros que cada día se cometen en los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y los Organismos del Gobierno del Estado sean denunciados, siquiera, por los analistas de los medios de comunicación.
Este inaceptable proceder nos condujo al escenario de los Pactos de Toledo, en los que quedó consagrado el despido libre, el contrato de trabajo basado en la oferta y la demanda y la aparición de las empresas gestoras de la oferta de trabajo temporal y a tiempo parcial, bajo la falacia de la llamada competitividad que es el preludio de la globalización con la que se origina la crisis actual, debido a que la CE no quiso ni quiere poner barreras arancelarias frente a terceros países ni supo controlar de forma eficiente las corrientes migratorias, lo cual va a ocasionar que se acentúe la crisis real y en su consecuencia el gasto público.
A esta crisis real, de por si preocupante, ha de sumarse la crisis ficticia o falsa creada por los distintos sectores del poder político, que basa sus tribulaciones en unos tópicos que no resisten un riguroso análisis.
En primer lugar, el encarecimiento de la vivienda y su financiación no obedece a un afán especulador de los promotores de las mismas, sino a la corrupción de las entidades locales y autonómicas interesadas en no poner en el mercado suelo residencial e industrial suficiente para atender la demanda, disponiendo de expeditivos instrumentos para hacerlo, cual es su obligación.
El gobierno del Estado no se ha preocupado de hacerse cargo, o al menos participar de forma mayoritaria en el sector energético, mediante la creación de una empresa pública de la energía, que es lo que propone el PSR, la que recibiría las instalaciones productoras de la misma una vez superado el plazo de concesión o autorización, sino que estas últimas gozan del privilegio perpetuo y son transferibles a otras empresas nacionales o extranjeras; ni tampoco se ha decidido a adquirir la mayor parte de las acciones de las empresas españolas del sector petrolífero con el fin de no quedar desabastecida del crudo e impedir su acaparamiento por el trust de las multinacionales, sino que al precio de venta al publico de los refinados gasóleo y gasolina (0.80€/l, aproximadamente) le aplica más del 70% de impuestos, lo cual se traduce en el encarecimiento del sector productivo (pesca, agricultura, empresas de transformación con demanda de calor y del transporte en general), a lo que ha de añadirse el encarecimiento del gasto domestico con la supresión de la tarifa nocturna de la energía eléctrica, lo cual va a empeñar más a los Ayuntamientos, lo que supone, a su vez el incremento de los impuestos sobre propiedad urbana, el automóvil y la cuantía de las sanciones; es decir, el empobrecimiento de la población por quebranto de su poder adquisitivo y el incremento de los beneficios de las empresas del sector energético y de los bancos a los que pertenecen.
Lo mismo sucede con los productos alimenticios, que carecen de una regulación de un precio mínimo garantizado de compra en origen y se permite la importación masiva de productos equivalentes de terceros países con salarios ínfimos, sin que la CE haya apostado por su contingentación y gravamen arancelario, por estar influida por los trust o multinacionales.
El camino hacia el despeñadero lo traza el Ministro de Hacienda que no ve otra salida a esta crisis que la de apretarse el cinturón, mientras el presidente del banco de Santander presenta una cuenta de resultados con un beneficio de 10.000 millones de euros y las demás entidades crediticias obtienen cifras equivalente, todo lo cual supone la contradicción permanente con los principios y procederes del socialismo democrático y el aplastamiento del poder adquisitivo de la población española y la de los demás ciudadanos de la CE.
A este disparate económico-social le pone el broche de oro el Parlamento Europeo al marcar una jornada de 60 horas de trabajo semanales, lo que supone doce horas de trabajo al día sin que los partidos socialistas europeos hayan defendido la jornada semanal de 40h, que tanto esfuerzo nos llevo alcanzar hace años frente a los mismos adversarios.
Ante tanta torpeza cabría preguntar si se tiene que apretar el cinturón los trabajadores de 900€ de salario mensual o los más acaudalados; o dicho de otro modo, cómo van a subsistir los profesionales cualificados, con suelos de 1.000 a 1.500 €, si se le incrementa el precio del combustible para desplazarse, la energía eléctrica para ver y calentarse y la acelerada subida de los precios de los productos alimenticios, amen de la mensualidad correspondiente al pago de la hipoteca.
En este aquelarre del despropósito, la paradoja viene unida al propio planteamiento: ¿Para que vamos a trabajar más horas si nadie va a consumir o utilizar lo que producimos?.
Para el PSR (Partido Socialista Renovador) la situación creada por una de las cíclicas crisis del capitalismo (superproducción) a la que se suma el incremento de los precios de los bienes y servicios indispensables para la subsistencia impuestos por el trust y el despilfarro del gasto público, favorecidos por el Gobierno actual y el anterior, tanto a nivel nacional como autonómico, exige adoptar unas políticas económico-laborales muy diferentes a las seguidas en estas dos últimas décadas, teniendo siempre presente que los logros alcanzados en esta nación, tanto en el desarrollo de las infraestructuras como en las referidas al soporte social, son debidas a la solidaridad de los gobiernos socialistas europeos, contrarios a la llamada globalización.
Europa logró la vertebración social de su población apuntalando fuertemente el Estado de Derecho con el empuje solidario de la socialdemocracia, alcanzando en las décadas de los ochenta y noventa el estado del bienestar, evitando, dentro de lo posible a que se produjeran enfrentamientos bélicos.
La estrategia de la CE ha de ser fortalecer las estructuras sociales y económicas de los países recientemente incorporados para posteriormente lograr la incorporación a la CE de Rusia y demás países balcánicos. Pero ello exige adoptar las siguientes medidas:
1º.- Blindaje arancelario de sus fronteras, impidiendo la importación de productos que puedan producir dumping en los costes de producción de nuestra actividad agropecuaria e industrial, mediante la contingentación de los mismos y la aplicación de un sistema arancelario que los equilibre con los costes de los producidos en la CE.
2º.- Establecer unos salarios mínimos que permitan el suficiente poder adquisitivo para incrementar la compra de los productos elaborados dentro de la CE, suprimiendo el despido libre, con la asunción de un contrato de trabajo estable, con un salario suficiente, según categorías, y un rendimiento mínimo en la jornada semanal de 40h, con distribución del 10% del beneficio neto de la actividad empresarial, antes impuestos entre los trabajadores, entendidos éstos desde las categorías más cualificadas a las menos especializadas.
3º.- Regulación del derecho de huelga de forma racional, marcando claramente las responsabilidades de las que las convoquen sin motivación suficiente, impidiendo todo tipo de coacciones y violencias, directas o indirectas.
4º.- Reconducción del gasto público, con reservas y consignaciones presupuestarias suficientes para atender, en niveles económicos aceptables, la jubilación, el desempleo, la asistencia sanitaria, la enseñanza en todos sus grados y la formación profesional permanente, totalmente gratuitos, con especial atención a los minusválidos y a los que se encuentren en el umbral de la pobreza, reajustando el funcionamiento de una burocracia excesiva y muchas veces inoperante.
5º.- Canalizar el esfuerzo inversor público a proyectos estrictamente necesarios y económicamente rentable, especialmente los referidos a infraestructuras ferroviarias (doble vía) puertos de interés general, aeropuertos (no autorizando su transferencia ni privatización) saneamiento de las aguas residuales, etcétera, descartando la realización o subvención de obras innecesarias o superfluas, siempre infrautilizadas y de costoso mantenimiento.
6º.- Potenciar el transporte ferroviario, mediante la estructuración del sistema actual, ofreciendo al usuario un servicio ágil, eficiente, seguro y muy competitivo, con lo cual se alcanzaría un ahorro el consumo de productos petrolíferos y una alta rentabilidad del servicios actual (RENFE, que en ningún modo debe ser privatizado).
7º.- Reducción del impuesto actual de combustible (en la actualidad en un 70%), al 30% para gasóleos y fuel oleos, utilizados en el transporte, la agricultura y la pesca y el 50% para los destinados a la utilización de vehículos de uso privado, con lo que se alcanzaría una importante reducción del gasto domestico y unas mayores facilidades de compra a los miembros de la familia.
8º.- Reducción del impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas e incremento del mismo a las entidades crediticias y aquellas otras que no incorporan a su actividad un proceso de transformación con el correspondiente valor añadido.
9º.- Fomento de las cooperativas agropecuarias, con la consiguiente transformación y comercialización de sus productos a través de grandes alhondigas municipales con departamentos dotados de instalaciones frigoríficas adjudicadas gratuitamente a dichas cooperativas, con el permanente control sanitario de los productos objeto de venta y del mantenimiento y reposición de las instalaciones a cargo de las mismas.
10º.- Fomento de la riqueza forestal y cinegética, de la ganadería extensiva y de la agricultura ecológica, cerrando ciclos de explotación agrícola y sostenimiento pecuario, con supresión de las especies transgénicas.
11º.- Constitución de la Empresa Pública de la Energía (EPE) a la que se incorporaran la red de transporte de energía eléctrica, las instalaciones de producción de la misma autorizadas con una antigüedad superior a los 70 años, las de nueva implantación sufragadas por ésta, participando en la investigación y explotación de las empresas de hidrocarburos y demás productos energéticos, mediante la adquisición en Bolsa de las acciones de las mismas, incluidas las correspondientes a las instalaciones de refino y enriquecimiento.
12º.- Construcción de viviendas de promoción pública sufragadas a través del Patrimonio Municipal del Suelo, con alquileres bajos acordes con los ingresos del solicitante y posibilidad de acceso a la propiedad de la vivienda, implantando una rigurosa vigilancia permanente sobre el uso y mantenimiento de la misma, pudiendo habilitarse para tal fin cualquier espacio no especialmente protegido, evitando de ese modo el chabolismo, en pro de la dignidad humana y la sanidad de sus moradores.
13º.- Fomento de la investigación en todas las ramas técnico-científicas, por objetivos, con dotación económica suficiente y libertad de contratación de investigadores nacionales o extranjeros, mediante acuerdos con las Universidades y Escuelas Especiales de Ingeniería, así como una profunda reforma de los sistemas educativos básico, medio y acceso a la enseñanza superior, con la supresión del sistema de puntos, con la consiguiente especialización del post-licenciado y la formación profesional permanente y gratuita para las personas de cualquier edad que obsten por incorporarse a la actividad laboral aunque carezcan de titulación, con campañas institucionales tendentes a crear ilusión y responsabilidad bajo el criterio de que el trabajo es un derecho y también un insoslayable deber el cumplirlo con eficiencia y total responsabilidad, siendo obligación del trabajador el observar las normas de seguridad y salud en el desarrollo del mismo.
14º.- Refundición y perfeccionamiento de la normativa legal, con profunda modificación del Código Penal y el Derecho Penitenciario, transformando el sistema carcelario en centros de recuperación de los reclusos, según edad y tipo de delito cometido, con rigurosa disciplina en el comportamiento de los mismos y su obligación de formarse y trabajar mediante un salario, destinando parte del mismo a cubrir los gastos de su estancia y alimentación, según sus circunstancias familiares, con la consiguiente derogación de las normas que consideran delito a las infracciones administrativas (Tráfico, Construcciones Ilegales, Caza y Pesca, etc.), redefinición de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, crimen organizado, apología del terrorismo, receptación, malversación de caudales públicos, vandalismo y acoso sexual, con endurecimiento de las penas y su cumplimiento en centros aislados de alta seguridad.
15º.- Potenciación del sistema de defensa y una mayor incardinación en el Ejército Europeo y la OTAN, prestando mayor atención a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) con la supresión de las Policías Autonómicas y la incorporación de sus agentes a aquéllas, para alcanzar una mayor eficacia contra el crimen, con la coordinación de todos los servicios por la Dirección General de las mismas y la conveniencia de constituir la Milicia Nacional voluntaria como institución básica y de auxilio a las primeras, con cursos de formación y práctica intensivos en los meses de julio y agosto, para jóvenes de ambos sexos entre edades comprendidas entre 15 y 25 años, homologando las titulaciones obtenidos en los mismos.
Somos concientes de que el blindaje arancelario de la CE va a tener, por el momento, la oposición de los gobiernos de derecha de los países miembros de la misma, pero es cuestión de plantearlo por el conjunto de los Parlamentarios de izquierdas, con la seguridad de que sería secundado, de inmediato, por los representantes de Portugal, Grecia e Italia, sin descartar que pueda ser aceptada por la generalidad de los países miembros, tal como ha sucedido con el problema de la inmigración ilegal.
Mientras esto no sucede, el gobierno debe adoptar medidas drásticas respecto al control de calidad y fito-sanitario de los productos importados de terceros países, en pro de la defensa de los derechos de los consumidores.
Así pues, hay soluciones para salir de la crisis real y evitar la crisis ficticia o forzada. Los ciudadanos deben mantener la serenidad y el tesón oponiéndose a la añagaza de la globalización, en defensa de sus elementales y merecidos derechos que tanto esfuerzo nos supuso alcanzar a través de varias generaciones. Confiar en que el socialismo democrático es el sistema político que más favorece a los trabajadores, manteniéndose con la fuerza y coherencia que al principio de esta gran marcha a través de la Historia … y no olvidéis que vuestro voto es el arma más eficaz para mandar al traste a lo que nos perjudica.
Miembro de GECMA
Hace tiempo hemos anunciado en este mismo periódico que el concepto de Globalización económica, tan ampulosamente prometido como el elixir mágico que todo lo remedia, no es más que una añagaza o disfraz del neocapitalismo para obtener unos jugosos beneficios mediante la venta de productos terminados a bajísimos costes (60$/mes) a los países de la CE con salarios medios/altos y que su resultado practico al término de muy pocos años, sería el enriquecimiento de unos pocos frente a la desertización industrial, el incremento del paro, la inestabilidad del empleo y la perdida del poder adquisitivo de los salarios de los países que formamos la CE, sin que se logrará mejorar de modo significativo la situación económica y social de los países productores de bienes de consumo y equipos con una mano de obra sumida en la cuasi esclavitud, llevándose los países ricos (neoconolialísmo al fin) las materias primas a precios de ganga, sembrando la mayor corrupción en los países asiáticos, africanos y sudamericanos que apoyan y participan en el sistema.
El corto período de tiempo transcurrido desde la fundación del PSR traduce, desgraciadamente, en realidad nuestro pronostico. Y así la China comunista, en la que la tierra es del Estado para que la trabajen los más pobres hasta caer exhaustos, se transforma en un club de unos muy ricos hombres de negocios (40.000 super ricos) a cuya sombra garrapatea una incipiente clase media, de trabajadores cualificados y militares (400.000.000) y los siervos de la gleba (500.000.000) carentes de seguridad social, asistencia medica y educación gratuita, con unos salarios de 60€/mes, con más de 12 horas de trabajo y sin derecho a entablar ninguna acción reivindicativa.
El resto de la población (viejos, niños y adolescentes) subsiste a espensas de los más pobres.
Lo mismo ocurre con los países africanos, de los que EEUU se lleva principalmente, el oro, los minerales radioactivos y el petróleo; Bélgica los diamantes; China petróleo y minerales básicos para la industria metalurgica, compensando todos ellos lo sustraído con armamento de segunda generación y dinero que nunca llega a cubrir las necesidades sanitarias y alimentarías de la población de esos países.
La Globalización nos conduce y empuja a la crisis real de la superproducción, motivada por el hecho de que una quinta parte de la población mundial, que a la vez es la manufacturera de productos de alta tecnología y precio acorde con el nivel salarial de un Estado Social de Derecho, no es capaz de que estos productos puedan ser adquiridos por los otros 4/5 de la población mundial con un bajo nivel de compra.
Esta es la crisis real cuya explosión se producirá dentro de dos o tres años, derivada de una nefasta política internacional de las grandes potencias y que alimenta al fundamentalismo religioso y al terrorismo, basados en la ignorancia, la pobreza y la desesperación.
Bajo el paraguas de la globalización se ha cobijado un libérrimo desplazamiento de capitales y poblaciones, que desequilibran la estabilidad socioeconómica alcanzada, permitiéndose con ella la retirada plena de capitales de los países en los que se han generado o la compra forzada a través de las OPAS de sectores estratégicos nacionales con el fin de suprimirlos, evitando de ese modo su concurrencia en los mercados internacionales y, en su consecuencia la imposibilidad de adoptar iniciativas políticas solidarias que pudieran favorecer, por el camino de la paz, el desarrollo de tercero países que estén dispuestos a proclamar una Constitución democrática laica, con absoluto respeto de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho.
La globalización nacida y amamantada en el seno de las grandes multinacionales no es más que el reverdecimiento del trust (ahora llamado club de los más ricos) cuyo objetivo es adueñarse de la mayor superficie de los espacios potencialmente productivos del planeta, con la consecuencia de que los países más ricos del trust serán los más poderosos y colonizadores y los países pobres, sin desarrollar, más necesitados.
Naturalmente, la globalización exige movimientos migratorios de mano de obra barata y la supresión de las barreras arancelarias, porque sin esos dos factores a favor la vida del trust tendría sus días contados.
Después de la pasada guerra mundial (1945), gestada en realidad por la gran crisis de superproducción del capitalismo internacional (gran depresión de 1929 que arrastra al crack de 1939) fue necesario, desde su propio planteamiento, la destrucción de algunos de los países más industrializados (Alemania y Japón), sembrándose el caos internacional. motivo por el que la vieja Europa, siguiendo la aspiración de Carlo Magno y con el impulso de Alemania, alcanzó, al fin, el acuerdo de integración pacifica y pretendidamente igualitaria de una gran comunidad de naciones, otrora contendientes, haciendo un análisis claro de las consecuencias del liberalismo económico y el horror de sus resultantes (guerras, enfermedades y pobreza a niveles de absoluta miseria).
Estados Unidos e Inglaterra miraron siempre con recelo la consolidación de una Europa potencialmente rica en la producción industrial y artística, fuerte en los sistemas de defensa y políticamente vertebrada social y económicamente con una legislación laboral equivalente y una moneda única, que se desarrolla en torno a las instituciones garantes del Estado de Derecho y defensora, a ultranza, de los derechos humanos, incluso fuera de sus fronteras.
Todo este complejo entramado de la Europa unida se forma en base a la filosofía solidaria y pacifica que impregna, con sus diferentes matices, a la socialdemocracia y al socialismo democrático, resurgiendo una nueva izquierda europea, a la que pertenecemos, ajustando los viejos principios y forma de actuar a una nueva metodología basada en la libertad de expresión y libertad de asociación dentro del marco legal de las normas emanadas de los órganos representativos de la voluntad de los ciudadanos de una nación, únicos legitimados para poseer y sostener su soberanía mediante el voto libre, secreto e igualitario de todos sus miembros.
En menos de un cuarto de siglo los parlamentos europeos han logrado instaurar el Estado Social de Derecho, también llamado Estado del Bienestar, estimulando la iniciativa privada de los distintos sectores económicos, manteniendo la seguridad en el trabajo en unas condiciones aceptables de salud en su prestación y poder adquisitivo de los salarios, redistribuyendo los beneficios obtenidos mediante la aplicación de un sistema fiscal progresista. Principios y derechos que son recogidos también en la Constitución Española.
Cierto es que ese Estado del Bienestar se proyecta y articula, inicialmente para los países miembros de la Comunidad Europea en formación, con la sana intención de que este modelo se vaya expandiendo a otros países con el fin de alcanzar situaciones equivalentes en todos los pueblos de la Tierra que permitan su desarrollo pacifico, con el consiguiente incremento de su riqueza y la elevación del poder adquisitivo de los salarios como única formula de absorber los bienes producidos dentro de las fronteras o limites de la CE.
El capitalismo europeo no admitió perder parte su poder hegemónico y uso todas sus armas para ir minando la integridad de la izquierda, comenzando por la Francia de Discard D´Estein y continuando por los demás países europeos hasta la Alemania de Helmut Cohl y Ángela Keller.
El ariete utilizado por la derecha europea son los números medios de comunicación sostenidos por la misma y los sobornos y tráficos de influencias con los que van corrompiendo a los representantes de los partidos socialistas, los cuales se van transformando en un instrumento de clientelismo político, apto para formar unas sagas de poder de los advenedizos, lo cual permite, a su vez, distribuir cargos y empleos públicos para perpetuarse en la dirección de los partidos, eliminando de ese modo a los ejemplarizantes y eficientes militantes socialistas.
Los partidos de izquierdas se amoldan a los ritmos que le marca la derecha más insolidaria, al extremo de que la Internacional Socialista y la OIT pasen a ser el símbolo de un buen recuerdo y como tal inoperante en todas sus vertientes.
El llamado desencanto de la juventud no es más que el resultado de la confusión sembrada por los partidos socialistas y socialdemócratas en estas dos últimas décadas, que, como no podía ser menos coincide con la privatización y desmantelamiento de las empresas publicas, que se hacen entrar en crisis por falta de una dirección y estructura eficientes, para luego transferirlas en almoneda, en cuyo proceso participan, de forma consciente o inconsciente, los dirigentes de las organizaciones sindicales.
España no es ajena a este declive, sino que, por el contrario, más vulnerable al mismo, al estar anidada en su realidad socio-política el viejo caciquismo, que es catapultado por los regionalismos excluyentes, sin que los desafueros que cada día se cometen en los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y los Organismos del Gobierno del Estado sean denunciados, siquiera, por los analistas de los medios de comunicación.
Este inaceptable proceder nos condujo al escenario de los Pactos de Toledo, en los que quedó consagrado el despido libre, el contrato de trabajo basado en la oferta y la demanda y la aparición de las empresas gestoras de la oferta de trabajo temporal y a tiempo parcial, bajo la falacia de la llamada competitividad que es el preludio de la globalización con la que se origina la crisis actual, debido a que la CE no quiso ni quiere poner barreras arancelarias frente a terceros países ni supo controlar de forma eficiente las corrientes migratorias, lo cual va a ocasionar que se acentúe la crisis real y en su consecuencia el gasto público.
A esta crisis real, de por si preocupante, ha de sumarse la crisis ficticia o falsa creada por los distintos sectores del poder político, que basa sus tribulaciones en unos tópicos que no resisten un riguroso análisis.
En primer lugar, el encarecimiento de la vivienda y su financiación no obedece a un afán especulador de los promotores de las mismas, sino a la corrupción de las entidades locales y autonómicas interesadas en no poner en el mercado suelo residencial e industrial suficiente para atender la demanda, disponiendo de expeditivos instrumentos para hacerlo, cual es su obligación.
El gobierno del Estado no se ha preocupado de hacerse cargo, o al menos participar de forma mayoritaria en el sector energético, mediante la creación de una empresa pública de la energía, que es lo que propone el PSR, la que recibiría las instalaciones productoras de la misma una vez superado el plazo de concesión o autorización, sino que estas últimas gozan del privilegio perpetuo y son transferibles a otras empresas nacionales o extranjeras; ni tampoco se ha decidido a adquirir la mayor parte de las acciones de las empresas españolas del sector petrolífero con el fin de no quedar desabastecida del crudo e impedir su acaparamiento por el trust de las multinacionales, sino que al precio de venta al publico de los refinados gasóleo y gasolina (0.80€/l, aproximadamente) le aplica más del 70% de impuestos, lo cual se traduce en el encarecimiento del sector productivo (pesca, agricultura, empresas de transformación con demanda de calor y del transporte en general), a lo que ha de añadirse el encarecimiento del gasto domestico con la supresión de la tarifa nocturna de la energía eléctrica, lo cual va a empeñar más a los Ayuntamientos, lo que supone, a su vez el incremento de los impuestos sobre propiedad urbana, el automóvil y la cuantía de las sanciones; es decir, el empobrecimiento de la población por quebranto de su poder adquisitivo y el incremento de los beneficios de las empresas del sector energético y de los bancos a los que pertenecen.
Lo mismo sucede con los productos alimenticios, que carecen de una regulación de un precio mínimo garantizado de compra en origen y se permite la importación masiva de productos equivalentes de terceros países con salarios ínfimos, sin que la CE haya apostado por su contingentación y gravamen arancelario, por estar influida por los trust o multinacionales.
El camino hacia el despeñadero lo traza el Ministro de Hacienda que no ve otra salida a esta crisis que la de apretarse el cinturón, mientras el presidente del banco de Santander presenta una cuenta de resultados con un beneficio de 10.000 millones de euros y las demás entidades crediticias obtienen cifras equivalente, todo lo cual supone la contradicción permanente con los principios y procederes del socialismo democrático y el aplastamiento del poder adquisitivo de la población española y la de los demás ciudadanos de la CE.
A este disparate económico-social le pone el broche de oro el Parlamento Europeo al marcar una jornada de 60 horas de trabajo semanales, lo que supone doce horas de trabajo al día sin que los partidos socialistas europeos hayan defendido la jornada semanal de 40h, que tanto esfuerzo nos llevo alcanzar hace años frente a los mismos adversarios.
Ante tanta torpeza cabría preguntar si se tiene que apretar el cinturón los trabajadores de 900€ de salario mensual o los más acaudalados; o dicho de otro modo, cómo van a subsistir los profesionales cualificados, con suelos de 1.000 a 1.500 €, si se le incrementa el precio del combustible para desplazarse, la energía eléctrica para ver y calentarse y la acelerada subida de los precios de los productos alimenticios, amen de la mensualidad correspondiente al pago de la hipoteca.
En este aquelarre del despropósito, la paradoja viene unida al propio planteamiento: ¿Para que vamos a trabajar más horas si nadie va a consumir o utilizar lo que producimos?.
Para el PSR (Partido Socialista Renovador) la situación creada por una de las cíclicas crisis del capitalismo (superproducción) a la que se suma el incremento de los precios de los bienes y servicios indispensables para la subsistencia impuestos por el trust y el despilfarro del gasto público, favorecidos por el Gobierno actual y el anterior, tanto a nivel nacional como autonómico, exige adoptar unas políticas económico-laborales muy diferentes a las seguidas en estas dos últimas décadas, teniendo siempre presente que los logros alcanzados en esta nación, tanto en el desarrollo de las infraestructuras como en las referidas al soporte social, son debidas a la solidaridad de los gobiernos socialistas europeos, contrarios a la llamada globalización.
Europa logró la vertebración social de su población apuntalando fuertemente el Estado de Derecho con el empuje solidario de la socialdemocracia, alcanzando en las décadas de los ochenta y noventa el estado del bienestar, evitando, dentro de lo posible a que se produjeran enfrentamientos bélicos.
La estrategia de la CE ha de ser fortalecer las estructuras sociales y económicas de los países recientemente incorporados para posteriormente lograr la incorporación a la CE de Rusia y demás países balcánicos. Pero ello exige adoptar las siguientes medidas:
1º.- Blindaje arancelario de sus fronteras, impidiendo la importación de productos que puedan producir dumping en los costes de producción de nuestra actividad agropecuaria e industrial, mediante la contingentación de los mismos y la aplicación de un sistema arancelario que los equilibre con los costes de los producidos en la CE.
2º.- Establecer unos salarios mínimos que permitan el suficiente poder adquisitivo para incrementar la compra de los productos elaborados dentro de la CE, suprimiendo el despido libre, con la asunción de un contrato de trabajo estable, con un salario suficiente, según categorías, y un rendimiento mínimo en la jornada semanal de 40h, con distribución del 10% del beneficio neto de la actividad empresarial, antes impuestos entre los trabajadores, entendidos éstos desde las categorías más cualificadas a las menos especializadas.
3º.- Regulación del derecho de huelga de forma racional, marcando claramente las responsabilidades de las que las convoquen sin motivación suficiente, impidiendo todo tipo de coacciones y violencias, directas o indirectas.
4º.- Reconducción del gasto público, con reservas y consignaciones presupuestarias suficientes para atender, en niveles económicos aceptables, la jubilación, el desempleo, la asistencia sanitaria, la enseñanza en todos sus grados y la formación profesional permanente, totalmente gratuitos, con especial atención a los minusválidos y a los que se encuentren en el umbral de la pobreza, reajustando el funcionamiento de una burocracia excesiva y muchas veces inoperante.
5º.- Canalizar el esfuerzo inversor público a proyectos estrictamente necesarios y económicamente rentable, especialmente los referidos a infraestructuras ferroviarias (doble vía) puertos de interés general, aeropuertos (no autorizando su transferencia ni privatización) saneamiento de las aguas residuales, etcétera, descartando la realización o subvención de obras innecesarias o superfluas, siempre infrautilizadas y de costoso mantenimiento.
6º.- Potenciar el transporte ferroviario, mediante la estructuración del sistema actual, ofreciendo al usuario un servicio ágil, eficiente, seguro y muy competitivo, con lo cual se alcanzaría un ahorro el consumo de productos petrolíferos y una alta rentabilidad del servicios actual (RENFE, que en ningún modo debe ser privatizado).
7º.- Reducción del impuesto actual de combustible (en la actualidad en un 70%), al 30% para gasóleos y fuel oleos, utilizados en el transporte, la agricultura y la pesca y el 50% para los destinados a la utilización de vehículos de uso privado, con lo que se alcanzaría una importante reducción del gasto domestico y unas mayores facilidades de compra a los miembros de la familia.
8º.- Reducción del impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas e incremento del mismo a las entidades crediticias y aquellas otras que no incorporan a su actividad un proceso de transformación con el correspondiente valor añadido.
9º.- Fomento de las cooperativas agropecuarias, con la consiguiente transformación y comercialización de sus productos a través de grandes alhondigas municipales con departamentos dotados de instalaciones frigoríficas adjudicadas gratuitamente a dichas cooperativas, con el permanente control sanitario de los productos objeto de venta y del mantenimiento y reposición de las instalaciones a cargo de las mismas.
10º.- Fomento de la riqueza forestal y cinegética, de la ganadería extensiva y de la agricultura ecológica, cerrando ciclos de explotación agrícola y sostenimiento pecuario, con supresión de las especies transgénicas.
11º.- Constitución de la Empresa Pública de la Energía (EPE) a la que se incorporaran la red de transporte de energía eléctrica, las instalaciones de producción de la misma autorizadas con una antigüedad superior a los 70 años, las de nueva implantación sufragadas por ésta, participando en la investigación y explotación de las empresas de hidrocarburos y demás productos energéticos, mediante la adquisición en Bolsa de las acciones de las mismas, incluidas las correspondientes a las instalaciones de refino y enriquecimiento.
12º.- Construcción de viviendas de promoción pública sufragadas a través del Patrimonio Municipal del Suelo, con alquileres bajos acordes con los ingresos del solicitante y posibilidad de acceso a la propiedad de la vivienda, implantando una rigurosa vigilancia permanente sobre el uso y mantenimiento de la misma, pudiendo habilitarse para tal fin cualquier espacio no especialmente protegido, evitando de ese modo el chabolismo, en pro de la dignidad humana y la sanidad de sus moradores.
13º.- Fomento de la investigación en todas las ramas técnico-científicas, por objetivos, con dotación económica suficiente y libertad de contratación de investigadores nacionales o extranjeros, mediante acuerdos con las Universidades y Escuelas Especiales de Ingeniería, así como una profunda reforma de los sistemas educativos básico, medio y acceso a la enseñanza superior, con la supresión del sistema de puntos, con la consiguiente especialización del post-licenciado y la formación profesional permanente y gratuita para las personas de cualquier edad que obsten por incorporarse a la actividad laboral aunque carezcan de titulación, con campañas institucionales tendentes a crear ilusión y responsabilidad bajo el criterio de que el trabajo es un derecho y también un insoslayable deber el cumplirlo con eficiencia y total responsabilidad, siendo obligación del trabajador el observar las normas de seguridad y salud en el desarrollo del mismo.
14º.- Refundición y perfeccionamiento de la normativa legal, con profunda modificación del Código Penal y el Derecho Penitenciario, transformando el sistema carcelario en centros de recuperación de los reclusos, según edad y tipo de delito cometido, con rigurosa disciplina en el comportamiento de los mismos y su obligación de formarse y trabajar mediante un salario, destinando parte del mismo a cubrir los gastos de su estancia y alimentación, según sus circunstancias familiares, con la consiguiente derogación de las normas que consideran delito a las infracciones administrativas (Tráfico, Construcciones Ilegales, Caza y Pesca, etc.), redefinición de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, crimen organizado, apología del terrorismo, receptación, malversación de caudales públicos, vandalismo y acoso sexual, con endurecimiento de las penas y su cumplimiento en centros aislados de alta seguridad.
15º.- Potenciación del sistema de defensa y una mayor incardinación en el Ejército Europeo y la OTAN, prestando mayor atención a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) con la supresión de las Policías Autonómicas y la incorporación de sus agentes a aquéllas, para alcanzar una mayor eficacia contra el crimen, con la coordinación de todos los servicios por la Dirección General de las mismas y la conveniencia de constituir la Milicia Nacional voluntaria como institución básica y de auxilio a las primeras, con cursos de formación y práctica intensivos en los meses de julio y agosto, para jóvenes de ambos sexos entre edades comprendidas entre 15 y 25 años, homologando las titulaciones obtenidos en los mismos.
Somos concientes de que el blindaje arancelario de la CE va a tener, por el momento, la oposición de los gobiernos de derecha de los países miembros de la misma, pero es cuestión de plantearlo por el conjunto de los Parlamentarios de izquierdas, con la seguridad de que sería secundado, de inmediato, por los representantes de Portugal, Grecia e Italia, sin descartar que pueda ser aceptada por la generalidad de los países miembros, tal como ha sucedido con el problema de la inmigración ilegal.
Mientras esto no sucede, el gobierno debe adoptar medidas drásticas respecto al control de calidad y fito-sanitario de los productos importados de terceros países, en pro de la defensa de los derechos de los consumidores.
Así pues, hay soluciones para salir de la crisis real y evitar la crisis ficticia o forzada. Los ciudadanos deben mantener la serenidad y el tesón oponiéndose a la añagaza de la globalización, en defensa de sus elementales y merecidos derechos que tanto esfuerzo nos supuso alcanzar a través de varias generaciones. Confiar en que el socialismo democrático es el sistema político que más favorece a los trabajadores, manteniéndose con la fuerza y coherencia que al principio de esta gran marcha a través de la Historia … y no olvidéis que vuestro voto es el arma más eficaz para mandar al traste a lo que nos perjudica.
LOS MÁS NECESITADOS TIENEN TAMBIÉN DERECHO A VIVIENDA
LOS MÁS NECESITADOS TIENEN TAMBIÉN DERECHO A VIVIENDA
Aitor Martínez Rodríguez.- Colaborador de GECMA
La actual Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (Ley 9/02, modificada por la Ley 15/04) y demás disposiciones legales que inciden en la misma, no establecen ningún compromiso claro y determinante para que las personas con precarios o insuficientes medios económicos puedan acceder a una vivienda digna y confortable ejecutada con arreglo a las vigentes normas de edificación.
Las Administraciones Municipales, en general, y las Autonómicas, en particular, se basan en unos tópicos que no concuerdan con la realidad, tratando de endilgar la llamada crisis de la construcción a unos turbios y mezquinos intereses especulativos de promotores y constructores cuando, por el contrario, la especulación o negocio en cadena se origina por no generar suelo suficiente para satisfacer la potencial demanda, por medio de los dos sistemas de actuación directa (cooperación y expropiación), cuya iniciativa depende, exclusivamente, de la Administración Municipal, con independencia del suelo edificable que se pueda generar por iniciativa particular a través del sistema de cooperación, dentro de los primeros cuatro años una vez aprobado definitivamente el PGOM.
Las Administraciones Municipales se han obstinado en bloquear el desarrollo urbanístico secundario al no ejecutar los ámbitos afectados por los sistemas de actuación directos ni exigir a los particulares su obligación de urbanizar en el período de cuatro años a los que dispongan del sistema de compensación, pudiendo, en caso negativo a cambiar este sistema indirecto por el directo de cooperación, sin carga económica alguna para el erario municipal, sino que fueron sacando, poco a poco, durante largos años, pequeñas bolsas de suelo para determinados promotores, lo cual produjo el encarecimiento de la vivienda y de las instalaciones industriales a precios desorbitados, permitiendo localizaciones y edificabilidades prohibidas por la Ley 1/97, del Suelo de Galicia y posteriormente por la Ley 9/02, interponiéndose una cascada de recursos contencioso-administrativos, cuyo resultado fue la anulación de PERIS y planes parciales desarrollados, con riesgo absoluto de la inversión realizada y la falta de seguridad jurídica de los adquirentes de las viviendas ejecutadas.
Este proceder no es ajeno a la corrupción administrativa, mediante el cohecho encubierto o secreto de unos espurios pactos o convenios urbanísticos, que nada tienen que ver con la digna profesionalidad de promotores o constructores, que siempre se conformaron y se conforman con ese 15% o 20% de beneficio sobre costos reales.
Los escándalos y encarcelamientos sucedidos en distintas partes de España son motas de polvo de una montaña de arbitrariedades y sobornos que gravita sobre muchos Ayuntamientos, sin que el de Vigo esté, presunta o indiciariamente, exento de esa lacra.
Explíquese sino las mutaciones habidas en el PEEC, PERI de Bouzas, Plaza de España, Salgueira, Jacinto Benavente, Vista Alegre, Colina de Castrelos, Troncal, Teis (CAMPSA), Alcabre y un largo etcétera, siendo cómplices de tales desafueros los corporativos que lo aprueban, el equipo redactor que lo propone y los técnicos municipales que lo informan, así como también la Dirección General de Urbanismo que lo haya confirmado, por lo que, en este sentido, no se puede atribuir la especulación a los promotores inmobiliarios sino a los políticos y funcionarios que sientan las condiciones favorables para que éste suceda, reduciendo, intencionadamente, la oferta de suelo edificable y con ello las desorbitadas pretensiones de los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado o urbanizable, generándose de ese modo una espiral de inviabilidad económica del desarrollo urbanístico y la imposibilidad factica de adquisición de viviendas a precios razonables.
En lo que respecta a la selección de los equipos redactores es saludable recordar que la COTOPV en el período comprendido entre 1993 y 2000 procedió a adjudicar la generalidad de los planes a tres empresas consultoras, al extremo que una de ellas tendría que redactar cada PGOM en el plazo de 20 días. Pasado el primer período, se primo la experiencia en la redacción de Planes (adjudicados en la forma anteriormente indicada), para la contratación de otros nuevos, de tal forma que se excluyó, por la vía de hecho, la concurrencia de los demás equipos existentes o que pudieran formarse. La consecuencia de esa inaceptable dinámica fue el no participar en los concursos, cuyas bases estaban y están orientadas a favorecer la adjudicación a unas determinadas consultoras.
El resultado práctico de estos Planes, redactados a la carta (léase particulares intereses) es que, en general, no se han desarrollado y, en esa consecuencia, se encarga cada cinco años la redacción de uno nuevo, lo cual supone una absoluta inseguridad jurídica y, por ende, la desconfianza en la inversión, con lo cual se hace ilusoria la pretensión de alcanzar el 10% del aprovechamiento lucrativo para ser incorporado al Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo valor económico ha de ser destinado, preferentemente a la construcción de viviendas sociales de promoción pública para atender las necesidades primigenias de los más desfavorecidos y cumplir, de ese modo uno de los fines más importantes de la Administración Municipal, referidos a la erradicación del chabolismo y mejora de las condiciones de vida de los más necesitados.
La Ley 9/02, modificada por la Ley 15/04, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, resulta desafortunada e incongruente, entre otros extremos, en las normas destinadas a la delimitacion de núcleos rurales (articulo 13) y la referida al suelo urbano no consolidado (articulo 20), en base a que los requisitos exigidos para los primeros provocan la erradicación de nuevas generaciones vinculadas familiarmente a los residentes actuales, con un encarecimiento artificioso de la posibilidad de construcción de una vivienda unifamiliar por aquellos, con la consiguiente violencia social y la ruptura de la motivación que justificó la promulgación de la Ley 11/85, de adaptación de la del suelo a Galicia.
En cuanto a las determinaciones de sostenibilidad establecidas en el articulo 46 de la LOUGA, resulta inviable que con un aprovechamiento urbanístico comprendido entre el 0.6 y el 1.5m2/m2 pueda acometerse el desarrollo del PERI en donde existan edificaciones habitadas, cuyos costes de desalojo, realojo, indemnización de las construcciones existentes, gastos de urbanización y sesiones son muy superiores a las que corresponden al suelo urbano consolidado, con una edificabilidad de 2.5 a 4m2/m2, lo cual carece de sentido.
Las corporaciones locales y los equipos redactores a los que hemos hecho referencia no han aprendido, o no quieren aprender que el Plan General es un instrumento que define el modelo de ciudad o villa que deseamos desarrollar, teniendo en cuenta unos principios urbanísticos básicos como son la altura de edificios según ancho de calle, la dotación de zonas verdes o ajardinadas en proporción a 5 m2/habitante residente en el ámbito de la categoría de suelo, la localización y trazado de la infraestructura viaria y ferroviaria, las redes de los servicios de energía eléctrica, telecomunicación, agua potable, alcantarillado separativo y estación de tratacion de aguas fecales, la protección del paisaje, la orientación de las edificaciones de modo que no se eviten las vistas hacia el mismo y la definición de los espacios urbanizables que han de constituir, a través del tiempo, las zonas de expansión de la población futura, creando una malla urbanística coherente y rigurosamente definida, con el fin de que el Plan General se mantenga sin modificaciones o revisiones por un período de 20 a 30 años, previsiones que no contempla el PGOM de Vigo anterior ni tampoco el actual.
Estas lamentables deficiencias del Plan hacen inviable, o al menos dificultoso, el desarrollo del mismo y, en su consecuencia, la imposibilidad de que se genere el 10% del aprovechamiento lucrativo, cuya enajenación, una vez incorporado al Patrimonio Municipal del Suelo, produciría los recursos necesarios para construir las viviendas de promoción municipal suficientes para cubrir las necesidades apremiantes de los que carecen de poder adquisitivo suficiente para comprar una vivienda de venta libre o de protección oficial, con una calidad equivalente a estas últimas y con unas rentas mensuales de 100€ a 300€, según la superficie y el numero de los miembros de la familia y con la posibilidad de acceder a su propiedad, pues no ha de olvidarse que la Administración Municipal tiene la obligación de resolver las necesidades sociales que puedan afectar a los vecinos.
La realidad es que el importe del 10% del aprovechamiento lucrativo se incorpora al presupuesto municipal como un ingreso sin condiciones, desapareciendo en las distintas partidas del gasto, incumpliéndose de ese modo la finalidad del Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo destino más relevante es sufragar la construcción de viviendas de promoción pública.
En lugar de adoptar este adecuado y bondadoso proceder, los gobiernos del Estado, de las Autonomías y de los Ayuntamientos, se obstinan en imponer a los ámbitos sujetos a planeamiento secundario (PERIS y Planes Parciales) la obligación de generar dentro de los mismos un porcentaje mínimo del 30% de viviendas de protección oficial, que en algunos casos alcanza el 60% de la edificabilidad, lo cual carece de sentido, en base a las siguientes consideraciones:
a) Impide desarrollar Polígonos residenciales de alto nivel en la modalidad de vivienda unifamiliar aislada o adosada, cuyos costes de mantenimiento (jardines, piscina climatizada, instalaciones deportivas y de ocio, vigilancia, etcetera) son muy elevados y por tanto inasequibles a personas con ingresos familiares comprendidos entre 1000 y 2000/mes.
b) En las actuales circunstancias de la crisis que se avecina, las entidades crediticias no conceden préstamos hipotecarios a viviendas de protección oficial, porque les seria muy difícil materializarlos en caso de impago de las amortizaciones mensuales.
c) Al estancarse la venta de viviendas, los promotores van a reducir sus beneficios, ofertando viviendas libres a un precio muy poco superior al tasado para las viviendas de protección oficial (36000 a 40000€) por lo que la demanda se inclinará hacia la vivienda de venta libre.
d) Los más necesitados no dispondrán de vivienda, incrementándose el hacinamiento, el chabolismo y las infracciones urbanísticas.
e) Las arcas municipales sufrirán una profunda merma en sus ingresos, al no presentarse proyectos de urbanización ni de edificación, y el consiguiente incremento de paro laboral de los distintos sectores que, directa o indirectamente, participan en el proceso urbanizador, con descenso en picado del IVA y los efectos que el crack del sector conlleva.
Ante esta situación, creada por la indigencia e incapacidad del poder político, anterior y actual al que acompaña la corrupción y la falta de solidaridad de las entidades crediticias, se hace necesario modificar las Leyes del Suelo y los Reglamentos de Planeamiento de forma congruente con los criterios económicos y urbanísticos antes mencionados, suprimiendo la imposición de destinar parte de la edificabilidad permitida en PERIS y Planes Parciales a viviendas de protección oficial, incrementar los coeficientes de edificabilidad para suelos urbanos no consolidados, delimitar los núcleos rurales de forma generosa dotándolos de los servicios urbanísticos necesarios y destinar el 10% del aprovechamiento lucrativo a la construcción de viviendas de promoción pública para los más necesitados, cumpliendo así el contrato consagrado en nuestra constitución.
Aitor Martínez Rodríguez.- Colaborador de GECMA
La actual Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (Ley 9/02, modificada por la Ley 15/04) y demás disposiciones legales que inciden en la misma, no establecen ningún compromiso claro y determinante para que las personas con precarios o insuficientes medios económicos puedan acceder a una vivienda digna y confortable ejecutada con arreglo a las vigentes normas de edificación.
Las Administraciones Municipales, en general, y las Autonómicas, en particular, se basan en unos tópicos que no concuerdan con la realidad, tratando de endilgar la llamada crisis de la construcción a unos turbios y mezquinos intereses especulativos de promotores y constructores cuando, por el contrario, la especulación o negocio en cadena se origina por no generar suelo suficiente para satisfacer la potencial demanda, por medio de los dos sistemas de actuación directa (cooperación y expropiación), cuya iniciativa depende, exclusivamente, de la Administración Municipal, con independencia del suelo edificable que se pueda generar por iniciativa particular a través del sistema de cooperación, dentro de los primeros cuatro años una vez aprobado definitivamente el PGOM.
Las Administraciones Municipales se han obstinado en bloquear el desarrollo urbanístico secundario al no ejecutar los ámbitos afectados por los sistemas de actuación directos ni exigir a los particulares su obligación de urbanizar en el período de cuatro años a los que dispongan del sistema de compensación, pudiendo, en caso negativo a cambiar este sistema indirecto por el directo de cooperación, sin carga económica alguna para el erario municipal, sino que fueron sacando, poco a poco, durante largos años, pequeñas bolsas de suelo para determinados promotores, lo cual produjo el encarecimiento de la vivienda y de las instalaciones industriales a precios desorbitados, permitiendo localizaciones y edificabilidades prohibidas por la Ley 1/97, del Suelo de Galicia y posteriormente por la Ley 9/02, interponiéndose una cascada de recursos contencioso-administrativos, cuyo resultado fue la anulación de PERIS y planes parciales desarrollados, con riesgo absoluto de la inversión realizada y la falta de seguridad jurídica de los adquirentes de las viviendas ejecutadas.
Este proceder no es ajeno a la corrupción administrativa, mediante el cohecho encubierto o secreto de unos espurios pactos o convenios urbanísticos, que nada tienen que ver con la digna profesionalidad de promotores o constructores, que siempre se conformaron y se conforman con ese 15% o 20% de beneficio sobre costos reales.
Los escándalos y encarcelamientos sucedidos en distintas partes de España son motas de polvo de una montaña de arbitrariedades y sobornos que gravita sobre muchos Ayuntamientos, sin que el de Vigo esté, presunta o indiciariamente, exento de esa lacra.
Explíquese sino las mutaciones habidas en el PEEC, PERI de Bouzas, Plaza de España, Salgueira, Jacinto Benavente, Vista Alegre, Colina de Castrelos, Troncal, Teis (CAMPSA), Alcabre y un largo etcétera, siendo cómplices de tales desafueros los corporativos que lo aprueban, el equipo redactor que lo propone y los técnicos municipales que lo informan, así como también la Dirección General de Urbanismo que lo haya confirmado, por lo que, en este sentido, no se puede atribuir la especulación a los promotores inmobiliarios sino a los políticos y funcionarios que sientan las condiciones favorables para que éste suceda, reduciendo, intencionadamente, la oferta de suelo edificable y con ello las desorbitadas pretensiones de los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado o urbanizable, generándose de ese modo una espiral de inviabilidad económica del desarrollo urbanístico y la imposibilidad factica de adquisición de viviendas a precios razonables.
En lo que respecta a la selección de los equipos redactores es saludable recordar que la COTOPV en el período comprendido entre 1993 y 2000 procedió a adjudicar la generalidad de los planes a tres empresas consultoras, al extremo que una de ellas tendría que redactar cada PGOM en el plazo de 20 días. Pasado el primer período, se primo la experiencia en la redacción de Planes (adjudicados en la forma anteriormente indicada), para la contratación de otros nuevos, de tal forma que se excluyó, por la vía de hecho, la concurrencia de los demás equipos existentes o que pudieran formarse. La consecuencia de esa inaceptable dinámica fue el no participar en los concursos, cuyas bases estaban y están orientadas a favorecer la adjudicación a unas determinadas consultoras.
El resultado práctico de estos Planes, redactados a la carta (léase particulares intereses) es que, en general, no se han desarrollado y, en esa consecuencia, se encarga cada cinco años la redacción de uno nuevo, lo cual supone una absoluta inseguridad jurídica y, por ende, la desconfianza en la inversión, con lo cual se hace ilusoria la pretensión de alcanzar el 10% del aprovechamiento lucrativo para ser incorporado al Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo valor económico ha de ser destinado, preferentemente a la construcción de viviendas sociales de promoción pública para atender las necesidades primigenias de los más desfavorecidos y cumplir, de ese modo uno de los fines más importantes de la Administración Municipal, referidos a la erradicación del chabolismo y mejora de las condiciones de vida de los más necesitados.
La Ley 9/02, modificada por la Ley 15/04, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, resulta desafortunada e incongruente, entre otros extremos, en las normas destinadas a la delimitacion de núcleos rurales (articulo 13) y la referida al suelo urbano no consolidado (articulo 20), en base a que los requisitos exigidos para los primeros provocan la erradicación de nuevas generaciones vinculadas familiarmente a los residentes actuales, con un encarecimiento artificioso de la posibilidad de construcción de una vivienda unifamiliar por aquellos, con la consiguiente violencia social y la ruptura de la motivación que justificó la promulgación de la Ley 11/85, de adaptación de la del suelo a Galicia.
En cuanto a las determinaciones de sostenibilidad establecidas en el articulo 46 de la LOUGA, resulta inviable que con un aprovechamiento urbanístico comprendido entre el 0.6 y el 1.5m2/m2 pueda acometerse el desarrollo del PERI en donde existan edificaciones habitadas, cuyos costes de desalojo, realojo, indemnización de las construcciones existentes, gastos de urbanización y sesiones son muy superiores a las que corresponden al suelo urbano consolidado, con una edificabilidad de 2.5 a 4m2/m2, lo cual carece de sentido.
Las corporaciones locales y los equipos redactores a los que hemos hecho referencia no han aprendido, o no quieren aprender que el Plan General es un instrumento que define el modelo de ciudad o villa que deseamos desarrollar, teniendo en cuenta unos principios urbanísticos básicos como son la altura de edificios según ancho de calle, la dotación de zonas verdes o ajardinadas en proporción a 5 m2/habitante residente en el ámbito de la categoría de suelo, la localización y trazado de la infraestructura viaria y ferroviaria, las redes de los servicios de energía eléctrica, telecomunicación, agua potable, alcantarillado separativo y estación de tratacion de aguas fecales, la protección del paisaje, la orientación de las edificaciones de modo que no se eviten las vistas hacia el mismo y la definición de los espacios urbanizables que han de constituir, a través del tiempo, las zonas de expansión de la población futura, creando una malla urbanística coherente y rigurosamente definida, con el fin de que el Plan General se mantenga sin modificaciones o revisiones por un período de 20 a 30 años, previsiones que no contempla el PGOM de Vigo anterior ni tampoco el actual.
Estas lamentables deficiencias del Plan hacen inviable, o al menos dificultoso, el desarrollo del mismo y, en su consecuencia, la imposibilidad de que se genere el 10% del aprovechamiento lucrativo, cuya enajenación, una vez incorporado al Patrimonio Municipal del Suelo, produciría los recursos necesarios para construir las viviendas de promoción municipal suficientes para cubrir las necesidades apremiantes de los que carecen de poder adquisitivo suficiente para comprar una vivienda de venta libre o de protección oficial, con una calidad equivalente a estas últimas y con unas rentas mensuales de 100€ a 300€, según la superficie y el numero de los miembros de la familia y con la posibilidad de acceder a su propiedad, pues no ha de olvidarse que la Administración Municipal tiene la obligación de resolver las necesidades sociales que puedan afectar a los vecinos.
La realidad es que el importe del 10% del aprovechamiento lucrativo se incorpora al presupuesto municipal como un ingreso sin condiciones, desapareciendo en las distintas partidas del gasto, incumpliéndose de ese modo la finalidad del Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo destino más relevante es sufragar la construcción de viviendas de promoción pública.
En lugar de adoptar este adecuado y bondadoso proceder, los gobiernos del Estado, de las Autonomías y de los Ayuntamientos, se obstinan en imponer a los ámbitos sujetos a planeamiento secundario (PERIS y Planes Parciales) la obligación de generar dentro de los mismos un porcentaje mínimo del 30% de viviendas de protección oficial, que en algunos casos alcanza el 60% de la edificabilidad, lo cual carece de sentido, en base a las siguientes consideraciones:
a) Impide desarrollar Polígonos residenciales de alto nivel en la modalidad de vivienda unifamiliar aislada o adosada, cuyos costes de mantenimiento (jardines, piscina climatizada, instalaciones deportivas y de ocio, vigilancia, etcetera) son muy elevados y por tanto inasequibles a personas con ingresos familiares comprendidos entre 1000 y 2000/mes.
b) En las actuales circunstancias de la crisis que se avecina, las entidades crediticias no conceden préstamos hipotecarios a viviendas de protección oficial, porque les seria muy difícil materializarlos en caso de impago de las amortizaciones mensuales.
c) Al estancarse la venta de viviendas, los promotores van a reducir sus beneficios, ofertando viviendas libres a un precio muy poco superior al tasado para las viviendas de protección oficial (36000 a 40000€) por lo que la demanda se inclinará hacia la vivienda de venta libre.
d) Los más necesitados no dispondrán de vivienda, incrementándose el hacinamiento, el chabolismo y las infracciones urbanísticas.
e) Las arcas municipales sufrirán una profunda merma en sus ingresos, al no presentarse proyectos de urbanización ni de edificación, y el consiguiente incremento de paro laboral de los distintos sectores que, directa o indirectamente, participan en el proceso urbanizador, con descenso en picado del IVA y los efectos que el crack del sector conlleva.
Ante esta situación, creada por la indigencia e incapacidad del poder político, anterior y actual al que acompaña la corrupción y la falta de solidaridad de las entidades crediticias, se hace necesario modificar las Leyes del Suelo y los Reglamentos de Planeamiento de forma congruente con los criterios económicos y urbanísticos antes mencionados, suprimiendo la imposición de destinar parte de la edificabilidad permitida en PERIS y Planes Parciales a viviendas de protección oficial, incrementar los coeficientes de edificabilidad para suelos urbanos no consolidados, delimitar los núcleos rurales de forma generosa dotándolos de los servicios urbanísticos necesarios y destinar el 10% del aprovechamiento lucrativo a la construcción de viviendas de promoción pública para los más necesitados, cumpliendo así el contrato consagrado en nuestra constitución.
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LOS MÁS NECESITADOS TIENEN TAMBIÉN DERECHO A VIVIENDA
Aitor Martínez Rodríguez.- Colaborador de GECMA
La actual Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (Ley 9/02, modificada por la Ley 15/04) y demás disposiciones legales que inciden en la misma, no establecen ningún compromiso claro y determinante para que las personas con precarios o insuficientes medios económicos puedan acceder a una vivienda digna y confortable ejecutada con arreglo a las vigentes normas de edificación.
Las Administraciones Municipales, en general, y las Autonómicas, en particular, se basan en unos tópicos que no concuerdan con la realidad, tratando de endilgar la llamada crisis de la construcción a unos turbios y mezquinos intereses especulativos de promotores y constructores cuando, por el contrario, la especulación o negocio en cadena se origina por no generar suelo suficiente para satisfacer la potencial demanda, por medio de los dos sistemas de actuación directa (cooperación y expropiación), cuya iniciativa depende, exclusivamente, de la Administración Municipal, con independencia del suelo edificable que se pueda generar por iniciativa particular a través del sistema de cooperación, dentro de los primeros cuatro años una vez aprobado definitivamente el PGOM.
Las Administraciones Municipales se han obstinado en bloquear el desarrollo urbanístico secundario al no ejecutar los ámbitos afectados por los sistemas de actuación directos ni exigir a los particulares su obligación de urbanizar en el período de cuatro años a los que dispongan del sistema de compensación, pudiendo, en caso negativo a cambiar este sistema indirecto por el directo de cooperación, sin carga económica alguna para el erario municipal, sino que fueron sacando, poco a poco, durante largos años, pequeñas bolsas de suelo para determinados promotores, lo cual produjo el encarecimiento de la vivienda y de las instalaciones industriales a precios desorbitados, permitiendo localizaciones y edificabilidades prohibidas por la Ley 1/97, del Suelo de Galicia y posteriormente por la Ley 9/02, interponiéndose una cascada de recursos contencioso-administrativos, cuyo resultado fue la anulación de PERIS y planes parciales desarrollados, con riesgo absoluto de la inversión realizada y la falta de seguridad jurídica de los adquirentes de las viviendas ejecutadas.
Este proceder no es ajeno a la corrupción administrativa, mediante el cohecho encubierto o secreto de unos espurios pactos o convenios urbanísticos, que nada tienen que ver con la digna profesionalidad de promotores o constructores, que siempre se conformaron y se conforman con ese 15% o 20% de beneficio sobre costos reales.
Los escándalos y encarcelamientos sucedidos en distintas partes de España son motas de polvo de una montaña de arbitrariedades y sobornos que gravita sobre muchos Ayuntamientos, sin que el de Vigo esté, presunta o indiciariamente, exento de esa lacra.
Explíquese sino las mutaciones habidas en el PEEC, PERI de Bouzas, Plaza de España, Salgueira, Jacinto Benavente, Vista Alegre, Colina de Castrelos, Troncal, Teis (CAMPSA), Alcabre y un largo etcétera, siendo cómplices de tales desafueros los corporativos que lo aprueban, el equipo redactor que lo propone y los técnicos municipales que lo informan, así como también la Dirección General de Urbanismo que lo haya confirmado, por lo que, en este sentido, no se puede atribuir la especulación a los promotores inmobiliarios sino a los políticos y funcionarios que sientan las condiciones favorables para que éste suceda, reduciendo, intencionadamente, la oferta de suelo edificable y con ello las desorbitadas pretensiones de los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado o urbanizable, generándose de ese modo una espiral de inviabilidad económica del desarrollo urbanístico y la imposibilidad factica de adquisición de viviendas a precios razonables.
En lo que respecta a la selección de los equipos redactores es saludable recordar que la COTOPV en el período comprendido entre 1993 y 2000 procedió a adjudicar la generalidad de los planes a tres empresas consultoras, al extremo que una de ellas tendría que redactar cada PGOM en el plazo de 20 días. Pasado el primer período, se primo la experiencia en la redacción de Planes (adjudicados en la forma anteriormente indicada), para la contratación de otros nuevos, de tal forma que se excluyó, por la vía de hecho, la concurrencia de los demás equipos existentes o que pudieran formarse. La consecuencia de esa inaceptable dinámica fue el no participar en los concursos, cuyas bases estaban y están orientadas a favorecer la adjudicación a unas determinadas consultoras.
El resultado práctico de estos Planes, redactados a la carta (léase particulares intereses) es que, en general, no se han desarrollado y, en esa consecuencia, se encarga cada cinco años la redacción de uno nuevo, lo cual supone una absoluta inseguridad jurídica y, por ende, la desconfianza en la inversión, con lo cual se hace ilusoria la pretensión de alcanzar el 10% del aprovechamiento lucrativo para ser incorporado al Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo valor económico ha de ser destinado, preferentemente a la construcción de viviendas sociales de promoción pública para atender las necesidades primigenias de los más desfavorecidos y cumplir, de ese modo uno de los fines más importantes de la Administración Municipal, referidos a la erradicación del chabolismo y mejora de las condiciones de vida de los más necesitados.
La Ley 9/02, modificada por la Ley 15/04, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, resulta desafortunada e incongruente, entre otros extremos, en las normas destinadas a la delimitacion de núcleos rurales (articulo 13) y la referida al suelo urbano no consolidado (articulo 20), en base a que los requisitos exigidos para los primeros provocan la erradicación de nuevas generaciones vinculadas familiarmente a los residentes actuales, con un encarecimiento artificioso de la posibilidad de construcción de una vivienda unifamiliar por aquellos, con la consiguiente violencia social y la ruptura de la motivación que justificó la promulgación de la Ley 11/85, de adaptación de la del suelo a Galicia.
En cuanto a las determinaciones de sostenibilidad establecidas en el articulo 46 de la LOUGA, resulta inviable que con un aprovechamiento urbanístico comprendido entre el 0.6 y el 1.5m2/m2 pueda acometerse el desarrollo del PERI en donde existan edificaciones habitadas, cuyos costes de desalojo, realojo, indemnización de las construcciones existentes, gastos de urbanización y sesiones son muy superiores a las que corresponden al suelo urbano consolidado, con una edificabilidad de 2.5 a 4m2/m2, lo cual carece de sentido.
Las corporaciones locales y los equipos redactores a los que hemos hecho referencia no han aprendido, o no quieren aprender que el Plan General es un instrumento que define el modelo de ciudad o villa que deseamos desarrollar, teniendo en cuenta unos principios urbanísticos básicos como son la altura de edificios según ancho de calle, la dotación de zonas verdes o ajardinadas en proporción a 5 m2/habitante residente en el ámbito de la categoría de suelo, la localización y trazado de la infraestructura viaria y ferroviaria, las redes de los servicios de energía eléctrica, telecomunicación, agua potable, alcantarillado separativo y estación de tratacion de aguas fecales, la protección del paisaje, la orientación de las edificaciones de modo que no se eviten las vistas hacia el mismo y la definición de los espacios urbanizables que han de constituir, a través del tiempo, las zonas de expansión de la población futura, creando una malla urbanística coherente y rigurosamente definida, con el fin de que el Plan General se mantenga sin modificaciones o revisiones por un período de 20 a 30 años, previsiones que no contempla el PGOM de Vigo anterior ni tampoco el actual.
Estas lamentables deficiencias del Plan hacen inviable, o al menos dificultoso, el desarrollo del mismo y, en su consecuencia, la imposibilidad de que se genere el 10% del aprovechamiento lucrativo, cuya enajenación, una vez incorporado al Patrimonio Municipal del Suelo, produciría los recursos necesarios para construir las viviendas de promoción municipal suficientes para cubrir las necesidades apremiantes de los que carecen de poder adquisitivo suficiente para comprar una vivienda de venta libre o de protección oficial, con una calidad equivalente a estas últimas y con unas rentas mensuales de 100€ a 300€, según la superficie y el numero de los miembros de la familia y con la posibilidad de acceder a su propiedad, pues no ha de olvidarse que la Administración Municipal tiene la obligación de resolver las necesidades sociales que puedan afectar a los vecinos.
La realidad es que el importe del 10% del aprovechamiento lucrativo se incorpora al presupuesto municipal como un ingreso sin condiciones, desapareciendo en las distintas partidas del gasto, incumpliéndose de ese modo la finalidad del Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo destino más relevante es sufragar la construcción de viviendas de promoción pública.
En lugar de adoptar este adecuado y bondadoso proceder, los gobiernos del Estado, de las Autonomías y de los Ayuntamientos, se obstinan en imponer a los ámbitos sujetos a planeamiento secundario (PERIS y Planes Parciales) la obligación de generar dentro de los mismos un porcentaje mínimo del 30% de viviendas de protección oficial, que en algunos casos alcanza el 60% de la edificabilidad, lo cual carece de sentido, en base a las siguientes consideraciones:
a) Impide desarrollar Polígonos residenciales de alto nivel en la modalidad de vivienda unifamiliar aislada o adosada, cuyos costes de mantenimiento (jardines, piscina climatizada, instalaciones deportivas y de ocio, vigilancia, etcetera) son muy elevados y por tanto inasequibles a personas con ingresos familiares comprendidos entre 1000 y 2000/mes.
b) En las actuales circunstancias de la crisis que se avecina, las entidades crediticias no conceden préstamos hipotecarios a viviendas de protección oficial, porque les seria muy difícil materializarlos en caso de impago de las amortizaciones mensuales.
c) Al estancarse la venta de viviendas, los promotores van a reducir sus beneficios, ofertando viviendas libres a un precio muy poco superior al tasado para las viviendas de protección oficial (36000 a 40000€) por lo que la demanda se inclinará hacia la vivienda de venta libre.
d) Los más necesitados no dispondrán de vivienda, incrementándose el hacinamiento, el chabolismo y las infracciones urbanísticas.
e) Las arcas municipales sufrirán una profunda merma en sus ingresos, al no presentarse proyectos de urbanización ni de edificación, y el consiguiente incremento de paro laboral de los distintos sectores que, directa o indirectamente, participan en el proceso urbanizador, con descenso en picado del IVA y los efectos que el crack del sector conlleva.
Ante esta situación, creada por la indigencia e incapacidad del poder político, anterior y actual al que acompaña la corrupción y la falta de solidaridad de las entidades crediticias, se hace necesario modificar las Leyes del Suelo y los Reglamentos de Planeamiento de forma congruente con los criterios económicos y urbanísticos antes mencionados, suprimiendo la imposición de destinar parte de la edificabilidad permitida en PERIS y Planes Parciales a viviendas de protección oficial, incrementar los coeficientes de edificabilidad para suelos urbanos no consolidados, delimitar los núcleos rurales de forma generosa dotándolos de los servicios urbanísticos necesarios y destinar el 10% del aprovechamiento lucrativo a la construcción de viviendas de promoción pública para los más necesitados, cumpliendo así el contrato consagrado en nuestra constitución.
Aitor Martínez Rodríguez.- Colaborador de GECMA
La actual Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (Ley 9/02, modificada por la Ley 15/04) y demás disposiciones legales que inciden en la misma, no establecen ningún compromiso claro y determinante para que las personas con precarios o insuficientes medios económicos puedan acceder a una vivienda digna y confortable ejecutada con arreglo a las vigentes normas de edificación.
Las Administraciones Municipales, en general, y las Autonómicas, en particular, se basan en unos tópicos que no concuerdan con la realidad, tratando de endilgar la llamada crisis de la construcción a unos turbios y mezquinos intereses especulativos de promotores y constructores cuando, por el contrario, la especulación o negocio en cadena se origina por no generar suelo suficiente para satisfacer la potencial demanda, por medio de los dos sistemas de actuación directa (cooperación y expropiación), cuya iniciativa depende, exclusivamente, de la Administración Municipal, con independencia del suelo edificable que se pueda generar por iniciativa particular a través del sistema de cooperación, dentro de los primeros cuatro años una vez aprobado definitivamente el PGOM.
Las Administraciones Municipales se han obstinado en bloquear el desarrollo urbanístico secundario al no ejecutar los ámbitos afectados por los sistemas de actuación directos ni exigir a los particulares su obligación de urbanizar en el período de cuatro años a los que dispongan del sistema de compensación, pudiendo, en caso negativo a cambiar este sistema indirecto por el directo de cooperación, sin carga económica alguna para el erario municipal, sino que fueron sacando, poco a poco, durante largos años, pequeñas bolsas de suelo para determinados promotores, lo cual produjo el encarecimiento de la vivienda y de las instalaciones industriales a precios desorbitados, permitiendo localizaciones y edificabilidades prohibidas por la Ley 1/97, del Suelo de Galicia y posteriormente por la Ley 9/02, interponiéndose una cascada de recursos contencioso-administrativos, cuyo resultado fue la anulación de PERIS y planes parciales desarrollados, con riesgo absoluto de la inversión realizada y la falta de seguridad jurídica de los adquirentes de las viviendas ejecutadas.
Este proceder no es ajeno a la corrupción administrativa, mediante el cohecho encubierto o secreto de unos espurios pactos o convenios urbanísticos, que nada tienen que ver con la digna profesionalidad de promotores o constructores, que siempre se conformaron y se conforman con ese 15% o 20% de beneficio sobre costos reales.
Los escándalos y encarcelamientos sucedidos en distintas partes de España son motas de polvo de una montaña de arbitrariedades y sobornos que gravita sobre muchos Ayuntamientos, sin que el de Vigo esté, presunta o indiciariamente, exento de esa lacra.
Explíquese sino las mutaciones habidas en el PEEC, PERI de Bouzas, Plaza de España, Salgueira, Jacinto Benavente, Vista Alegre, Colina de Castrelos, Troncal, Teis (CAMPSA), Alcabre y un largo etcétera, siendo cómplices de tales desafueros los corporativos que lo aprueban, el equipo redactor que lo propone y los técnicos municipales que lo informan, así como también la Dirección General de Urbanismo que lo haya confirmado, por lo que, en este sentido, no se puede atribuir la especulación a los promotores inmobiliarios sino a los políticos y funcionarios que sientan las condiciones favorables para que éste suceda, reduciendo, intencionadamente, la oferta de suelo edificable y con ello las desorbitadas pretensiones de los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado o urbanizable, generándose de ese modo una espiral de inviabilidad económica del desarrollo urbanístico y la imposibilidad factica de adquisición de viviendas a precios razonables.
En lo que respecta a la selección de los equipos redactores es saludable recordar que la COTOPV en el período comprendido entre 1993 y 2000 procedió a adjudicar la generalidad de los planes a tres empresas consultoras, al extremo que una de ellas tendría que redactar cada PGOM en el plazo de 20 días. Pasado el primer período, se primo la experiencia en la redacción de Planes (adjudicados en la forma anteriormente indicada), para la contratación de otros nuevos, de tal forma que se excluyó, por la vía de hecho, la concurrencia de los demás equipos existentes o que pudieran formarse. La consecuencia de esa inaceptable dinámica fue el no participar en los concursos, cuyas bases estaban y están orientadas a favorecer la adjudicación a unas determinadas consultoras.
El resultado práctico de estos Planes, redactados a la carta (léase particulares intereses) es que, en general, no se han desarrollado y, en esa consecuencia, se encarga cada cinco años la redacción de uno nuevo, lo cual supone una absoluta inseguridad jurídica y, por ende, la desconfianza en la inversión, con lo cual se hace ilusoria la pretensión de alcanzar el 10% del aprovechamiento lucrativo para ser incorporado al Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo valor económico ha de ser destinado, preferentemente a la construcción de viviendas sociales de promoción pública para atender las necesidades primigenias de los más desfavorecidos y cumplir, de ese modo uno de los fines más importantes de la Administración Municipal, referidos a la erradicación del chabolismo y mejora de las condiciones de vida de los más necesitados.
La Ley 9/02, modificada por la Ley 15/04, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, resulta desafortunada e incongruente, entre otros extremos, en las normas destinadas a la delimitacion de núcleos rurales (articulo 13) y la referida al suelo urbano no consolidado (articulo 20), en base a que los requisitos exigidos para los primeros provocan la erradicación de nuevas generaciones vinculadas familiarmente a los residentes actuales, con un encarecimiento artificioso de la posibilidad de construcción de una vivienda unifamiliar por aquellos, con la consiguiente violencia social y la ruptura de la motivación que justificó la promulgación de la Ley 11/85, de adaptación de la del suelo a Galicia.
En cuanto a las determinaciones de sostenibilidad establecidas en el articulo 46 de la LOUGA, resulta inviable que con un aprovechamiento urbanístico comprendido entre el 0.6 y el 1.5m2/m2 pueda acometerse el desarrollo del PERI en donde existan edificaciones habitadas, cuyos costes de desalojo, realojo, indemnización de las construcciones existentes, gastos de urbanización y sesiones son muy superiores a las que corresponden al suelo urbano consolidado, con una edificabilidad de 2.5 a 4m2/m2, lo cual carece de sentido.
Las corporaciones locales y los equipos redactores a los que hemos hecho referencia no han aprendido, o no quieren aprender que el Plan General es un instrumento que define el modelo de ciudad o villa que deseamos desarrollar, teniendo en cuenta unos principios urbanísticos básicos como son la altura de edificios según ancho de calle, la dotación de zonas verdes o ajardinadas en proporción a 5 m2/habitante residente en el ámbito de la categoría de suelo, la localización y trazado de la infraestructura viaria y ferroviaria, las redes de los servicios de energía eléctrica, telecomunicación, agua potable, alcantarillado separativo y estación de tratacion de aguas fecales, la protección del paisaje, la orientación de las edificaciones de modo que no se eviten las vistas hacia el mismo y la definición de los espacios urbanizables que han de constituir, a través del tiempo, las zonas de expansión de la población futura, creando una malla urbanística coherente y rigurosamente definida, con el fin de que el Plan General se mantenga sin modificaciones o revisiones por un período de 20 a 30 años, previsiones que no contempla el PGOM de Vigo anterior ni tampoco el actual.
Estas lamentables deficiencias del Plan hacen inviable, o al menos dificultoso, el desarrollo del mismo y, en su consecuencia, la imposibilidad de que se genere el 10% del aprovechamiento lucrativo, cuya enajenación, una vez incorporado al Patrimonio Municipal del Suelo, produciría los recursos necesarios para construir las viviendas de promoción municipal suficientes para cubrir las necesidades apremiantes de los que carecen de poder adquisitivo suficiente para comprar una vivienda de venta libre o de protección oficial, con una calidad equivalente a estas últimas y con unas rentas mensuales de 100€ a 300€, según la superficie y el numero de los miembros de la familia y con la posibilidad de acceder a su propiedad, pues no ha de olvidarse que la Administración Municipal tiene la obligación de resolver las necesidades sociales que puedan afectar a los vecinos.
La realidad es que el importe del 10% del aprovechamiento lucrativo se incorpora al presupuesto municipal como un ingreso sin condiciones, desapareciendo en las distintas partidas del gasto, incumpliéndose de ese modo la finalidad del Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo destino más relevante es sufragar la construcción de viviendas de promoción pública.
En lugar de adoptar este adecuado y bondadoso proceder, los gobiernos del Estado, de las Autonomías y de los Ayuntamientos, se obstinan en imponer a los ámbitos sujetos a planeamiento secundario (PERIS y Planes Parciales) la obligación de generar dentro de los mismos un porcentaje mínimo del 30% de viviendas de protección oficial, que en algunos casos alcanza el 60% de la edificabilidad, lo cual carece de sentido, en base a las siguientes consideraciones:
a) Impide desarrollar Polígonos residenciales de alto nivel en la modalidad de vivienda unifamiliar aislada o adosada, cuyos costes de mantenimiento (jardines, piscina climatizada, instalaciones deportivas y de ocio, vigilancia, etcetera) son muy elevados y por tanto inasequibles a personas con ingresos familiares comprendidos entre 1000 y 2000/mes.
b) En las actuales circunstancias de la crisis que se avecina, las entidades crediticias no conceden préstamos hipotecarios a viviendas de protección oficial, porque les seria muy difícil materializarlos en caso de impago de las amortizaciones mensuales.
c) Al estancarse la venta de viviendas, los promotores van a reducir sus beneficios, ofertando viviendas libres a un precio muy poco superior al tasado para las viviendas de protección oficial (36000 a 40000€) por lo que la demanda se inclinará hacia la vivienda de venta libre.
d) Los más necesitados no dispondrán de vivienda, incrementándose el hacinamiento, el chabolismo y las infracciones urbanísticas.
e) Las arcas municipales sufrirán una profunda merma en sus ingresos, al no presentarse proyectos de urbanización ni de edificación, y el consiguiente incremento de paro laboral de los distintos sectores que, directa o indirectamente, participan en el proceso urbanizador, con descenso en picado del IVA y los efectos que el crack del sector conlleva.
Ante esta situación, creada por la indigencia e incapacidad del poder político, anterior y actual al que acompaña la corrupción y la falta de solidaridad de las entidades crediticias, se hace necesario modificar las Leyes del Suelo y los Reglamentos de Planeamiento de forma congruente con los criterios económicos y urbanísticos antes mencionados, suprimiendo la imposición de destinar parte de la edificabilidad permitida en PERIS y Planes Parciales a viviendas de protección oficial, incrementar los coeficientes de edificabilidad para suelos urbanos no consolidados, delimitar los núcleos rurales de forma generosa dotándolos de los servicios urbanísticos necesarios y destinar el 10% del aprovechamiento lucrativo a la construcción de viviendas de promoción pública para los más necesitados, cumpliendo así el contrato consagrado en nuestra constitución.
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